El denominado caso de “La Mafia del Oro” al igual que el “lavado de dinero” se encuadra dentro de lo que Sutherland denomina delito de cuello blanco, que es aquel cometido por personas de alto status socio-económico en el marco de su profesión y, por lo tanto expuesto a un sistema de inmunidades y criminalización selectiva, que puede aprovecharse de la indefensión, incapacidad, indiferencia, complicidad o temor de aquellos a quienes se dirige su actuación, o como Francisco Suárez señala que advierten actos de transgresión normativa, es decir, una conducta de los funcionarios públicos, institucionales o profesionales que vulnera las normas establecidas socialmente con la finalidad de obtener un beneficio personal o corporativo. Si la cocaína y otros estupefacientes salen del país en forma ilegal y con normalidad, como podríamos no imaginar que el oro también sale en esas mismas condiciones, utilizando maniobras para la exportación de oro, libre de todo impuesto; es decir mafias organizadas, le siguen robando oro al Perú, aduciendo ser minería artesanal o pequeña minería con tal de evadir al tesoro público nacional.
La madeja de la mafia del oro, teje toda una red desde un “oq’a tarpu” (A si se les conoce a los ingenieros que trabajan para los contratistas mineros que explotan a nuestros hermanos obreros campesinos), hasta legisladores y funcionarios que otorgan “blindaje político” en los diferentes poderes del estado.
Estas pandillas están tan organizadas que no permiten una ley devastadora en contra de ellos mismos, porque si el gobierno quisiera evitar la contaminación ambiental por la actividad informal de la minería, lo habría hecho hace rato fortaleciendo tecnológica, políticamente a un OSINERMIN y Defensoría del pueblo que aparentemente serian cómplices de los conflictos sociales y contaminación ambiental, de la misma, que no se salva el fiscal de medio ambiente y qué decir del nuevo ministerio del ambiente. Por cuanto las verificaciones o intervenciones del fiscal terminan en un saludo a la bandera; si no preguntemonos ¿Cuáles son los resultados sobre el caso Untuca, Cemento Sur Caracoto, Winchumayo, La rinconada, Chaquiminas, entre otros? Todas siguen operando carcajeándose de las entidades involucradas con estos casos. Palabra del Pueblo.
LEER MÁS EN: http://www.rocvills.blogspot.com/, PACHAMAMA RADIO y DIARIO CORREO
La madeja de la mafia del oro, teje toda una red desde un “oq’a tarpu” (A si se les conoce a los ingenieros que trabajan para los contratistas mineros que explotan a nuestros hermanos obreros campesinos), hasta legisladores y funcionarios que otorgan “blindaje político” en los diferentes poderes del estado.
Estas pandillas están tan organizadas que no permiten una ley devastadora en contra de ellos mismos, porque si el gobierno quisiera evitar la contaminación ambiental por la actividad informal de la minería, lo habría hecho hace rato fortaleciendo tecnológica, políticamente a un OSINERMIN y Defensoría del pueblo que aparentemente serian cómplices de los conflictos sociales y contaminación ambiental, de la misma, que no se salva el fiscal de medio ambiente y qué decir del nuevo ministerio del ambiente. Por cuanto las verificaciones o intervenciones del fiscal terminan en un saludo a la bandera; si no preguntemonos ¿Cuáles son los resultados sobre el caso Untuca, Cemento Sur Caracoto, Winchumayo, La rinconada, Chaquiminas, entre otros? Todas siguen operando carcajeándose de las entidades involucradas con estos casos. Palabra del Pueblo.
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