
La madeja de la mafia del oro, teje toda una red desde un “oq’a tarpu” (A si se les conoce a los ingenieros que trabajan para los contratistas mineros que explotan a nuestros hermanos obreros campesinos), hasta legisladores y funcionarios que otorgan “blindaje político” en los diferentes poderes del estado.
Estas pandillas están tan organizadas que no permiten una ley devastadora en contra de ellos mismos, porque si el gobierno quisiera evitar la contaminación ambiental por la actividad informal de la minería, lo habría hecho hace rato fortaleciendo tecnológica, políticamente a un OSINERMIN y Defensoría del pueblo que aparentemente serian cómplices de los conflictos sociales y contaminación ambiental, de la misma, que no se salva el fiscal de medio ambiente y qué decir del nuevo ministerio del ambiente. Por cuanto las verificaciones o intervenciones del fiscal terminan en un saludo a la bandera; si no preguntemonos ¿Cuáles son los resultados sobre el caso Untuca, Cemento Sur Caracoto, Winchumayo, La rinconada, Chaquiminas, entre otros? Todas siguen operando carcajeándose de las entidades involucradas con estos casos. Palabra del Pueblo.
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